FSIE cuestiona la petición que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de subir al 21% el IVA para la educación y la sanidad privada, ya que considera que esta decisión perjudicaría enormemente a las familias españolas, los trabajadores y los centros educativos, puesto que ya viven una situación económica bastante complicada ante el aumento del coste de vida.
La ministra de Trabajo y Economía Social ha solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los sectores de la enseñanza y la sanidad privada tributen al 21%, lo que supondría, según la vicepresidenta segunda del Gobierno, un ahorro de unos 3.000 millones de euros para las arcas públicas.
FSIE rechaza esta medida ya que la considera contraproducente, pues, en lugar de lograr el efecto deseado, a medio plazo supondría un perjuicio inmenso para sus trabajadores los ciudadanos y para la viabilidad de los centros. En el caso de la enseñanza, muchas familias verían reducido su poder adquisitivo y se verían abocadas a matricular a sus hijos en otro tipo de centros, provocando en los colegios privados el cierre de unidades e incluso de todo el centro. Todo ello ocasionaría la pérdida de muchos puestos de trabajo, que dejarían de tributar el IRPF y de ser una fuente más de recaudación para el Estado.
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