201120 ART WEB LA LEY CELAÁ INSTRUMENTO DE CASTIGO A LA CONCERTADATribuna de opinión en diario La Rioja, por Gonzalo González Ortega, secretario de FSIE La Rioja. Publicada el martes, 17 de noviembre.

  El pasado viernes se votó la ponencia sobre la Ley Celaá en la Comisión de Educación del Congreso y el día 19 de noviembre se votará en el Pleno, adelantándose una semana la fecha prevista, 26 de noviembre.
  ¿A qué vienen de nuevo tantas prisas? Hay dos claras razones:
  - obtener suficiente apoyo a los Presupuestos entre los grupos políticos del arco parlamentario, destacando entre ellos Bildu y ERC.
  - sortear las protestas de los sectores más perjudicados por la Ley: enseñanza concertada, educación especial, etc.
Ese mismo día, la Plataforma Más Plurales, en representación de la enseñanza concertada, se concentró por tercera vez a las puertas del Congreso para protestar por la precipitada tramitación de la Ley, por la falta de diálogo y la nula voluntad de acuerdo por parte del Gobierno y, sobre todo, por los cambios de fondo que la Ley establecerá en el sistema educativo, que sufrirá un tremendo retroceso en términos:

  - de calidad: promoción automática, titulación con suspensos, desaparición de la cultura del esfuerzo, etc.
  - de libertad: eliminación de la demanda social en la planificación escolar (se cercena la libertad de elección de centro por parte de las familias), sustitución impropia del “derecho a la educación” por el “derecho a la educación pública” (aquel se garantizará solamente con una oferta suficiente de plazas públicas), etc.
  - de cohesión territorial: el castellano dejará de ser idioma vehicular de la enseñanza en las CCAA con lengua propia, las CCAA podrán concretar un mayor porcentaje del currículo, la Alta Inspección Educativa se vacía de competencias, los inspectores de educación se podrán elegir a dedo, etc.
  - de igualdad: la enseñanza concertada y los centros de educación especial condenados a desaparecer, se reubicará al alumnado por criterios administrativos, la asignatura de Religión quedará relegada, etc.
  - de conciliación de la vida familiar y laboral: se elimina como criterio prioritario en la admisión del alumnado pertenecer a familias numerosas, monoparentales o con miembros con discapacidad, etc.
  El Proyecto de Ley ya era un despropósito, pero en su tramitación parlamentaria Unidas-Podemos, ERC y Bildu han logrado añadir elementos todavía más dañinos a la norma, convirtiéndola en una herramienta letal contra la concertada y la educación especial, contra la cohesión territorial del sistema, contra la cultura del esfuerzo y contra el más mínimo sentido común. Todo ello sin contar con la opinión de los sectores afectados, ni de los docentes y expertos en la materia. Así demuestra el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan, su nula intención de alcanzar un Pacto de Estado de Educación que cuente con todos y que aporte la estabilidad y el sosiego necesarios para mejorarla paso a paso.
  Esta situación es más lacerante aún en medio de la grave crisis sanitaria, económica y social que vivimos y en el contexto de una profunda crisis política en la que todo lo construido nada vale y donde se cuestionan hasta las más altas instituciones del Estado.
  La Ley Celaá excede, en la mayoría de sus postulados, los planteamientos tradicionales del PSOE en materia educativa. Está concebida sobre la base de los planteamientos educativos defendidos por Unidas-Podemos, como prototipo de herramienta de ingeniería social a su medida. Y se añaden además las exigencias de los grupos nacionalistas ERC y Bildu que persiguen, bien a las claras, el debilitamiento del Estado, apostando una vez más por el uso partidista de la Educación para el cultivo de sus espurios intereses políticos.
  Es evidente que la Educación es moneda de cambio de Sánchez para sacar adelante unos Presupuestos “propios” que puedan afianzarle en el Gobierno, como mínimo, hasta el fin de la legislatura. Bien parece que Sánchez y el “nuevo PSOE”, poco tienen que ver, salvo las siglas, con el PSOE que gobernó este país e instituyó con pragmatismo los conciertos educativos, como modo de garantizar y cohonestar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza de nuestra Constitución (Art. 27).
  La Ley Celaá es una amenaza cierta para la Educación y, por ello, para el futuro de nuestro país. Es una Ley que debería ser rechazada, pues no gusta a amplias bases del PSOE, cuyos representantes en el Congreso y en el Senado deberían tomar buena nota de ello y votar con pleno conocimiento de las causas y de las consecuencias de los atropellos que la Ley acarreará para todos si nadie lo remedia.
  Las concentraciones de la Plataforma Más Plurales ante el Congreso son muestra del rechazo, avalado por más de millón y medio de firmas, que la Ley produce también entre amplias capas de la ciudadanía y de los miembros de la comunidad educativa. Y también son prólogo de otras acciones de protesta contra la Ley por parte del sector de la enseñanza concertada, contra quien el Ejecutivo parece empeñado en legislar.

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

Hay 74 invitados y ningún miembro en línea